Documentan 22 casos de violaciones de los derechos de los pueblos en Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Sur, Istmo, Mixteca y Cuicateca.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 15 de octubre de 2018
El juicio popular comunitario contra las empresas mineras que se llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca emitió un veredicto que incluía algunas medidas como cancelar las concesiones y declarar al estado territorio libre de proyectos mineros.
Durante los días de juicio representantes de pueblos chatino, chontal, cuicateco ikoots, mixe, mixteco, zapoteco y mestizo, de 52 comunidades de Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Sur, Istmo, Mixteca y Cuicateca, documentaron que las empresas mineras son responsables de 22 casos de violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas.
Los pueblos presentaron ante el jurado evidencias para denunciar que los proyectos mineros se implementan con engaños o condicionamientos -incluyendo la criminalización y la represión- y violentan el derecho a la vida de las personas y el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.
Entre las consideraciones del veredicto final, leído en la plaza central de la ciudad de Oaxaca, se señala que el Estado debe adoptar medidas que garanticen el ejercicio de la libre determinación, autonomía, formas de gobierno, relación con sus territorios y sistemas normativos de los pueblos originarios.
Se pide cancelar las concesiones y asignaciones mineras vigentes por otorgarse en completa violación de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, la derogación de la actual Ley Minera y la aprobación de otra que respete los derechos de los pueblos y repare las violaciones ocasionadas.
Además se pide detener la política de criminalización de la protesta social, garantizar integridad de quienes defienden los territorios indígenas, castigar a los responsables de asesinatos de ambientalistas y presentar con vida a las personas desaparecidas defensoras del territorio.
También se pidió crear un mecanismo efectivo y culturalmente adecuado para garantizar el acceso a la información para los pueblos indígenas, relacionada con proyectos que puedan afectar sus bienes comunes; cumplir con las recomendaciones formuladas al Estado sobre Derechos Humanos.
El jurado fue integrado por personajes nacionales e internacionales como Blanca Chancosa, lideresa indígena del pueblo Otavalo de Ecuador; Jakeline Romero Epiayu, premio nacional de Derechos Humanos de Colombia; Daniel Cerqueira, abogado experto en Derechos Indígenas, de Brasil; Miguel Álvarez, premio nacional de Derechos Humanos de México; Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Beatriz Gutiérrez, lideresa comunitaria de San Mateo del Mar, Oaxaca; Carmen Herrera García, de Abogados y Abogadas por la Justicia de los Derechos Humanos; y Francisco López Bárcenas, abogado mixteco, experto en derechos indígenas.
El jurado contó con apoyo de peritos y especialistas como Ana de Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio del Campo Mexicano (CECCAM); Saul Rosado Zaidi integrante de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) y Saúl Aquino, ciudadano de Capulálpam de Méndez.
El veredicto se entregará a autoridades comunitarias, estatales, nacionales e instancias de derechos humanos a nivel nacional e internacional.
Documentan 22 casos de violaciones de los derechos de los pueblos en Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Sur, Istmo, Mixteca y Cuicateca.
Fotos: Educa Oaxaca
